25/02/2020 A 30 años del asesinato de sus líderes, organización campesina premiada con “Nobel Alternativo” exige justicia y reparación

A 30 años del asesinato de sus líderes, organización campesina premiada con “Nobel Alternativo” exige justicia y reparación

Human Rights, Peace, Democracy and Law, 25/02/2020

Integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare recibieron la visita de la Fundación Right Livelihood en La India, en enero de 2018.

El miércoles 26 de febrero se cumplen 30 años desde que tres destacados líderes de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Carare (ATCC) y una reconocida periodista fueron asesinados a tiros por paramilitares.

En un contexto en el que se asesina en promedio a un líder social por día en Colombia, la Fundación Right Livelihood llama a crear un espacio seguro para la sociedad civil y pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una pronta resolución en el caso de la masacre de Cimitarra. 

Reconocida en 1990 con el “Premio Nobel Alternativo” que otorga la fundación sueca, la ATCC recordará a sus fundadores con una marcha que renueva los reclamos de justicia y reparación colectiva aun pendientes. 

“Al matar a los fundadores de la ATCC, los asesinos querían detener una de las iniciativas de paz más exitosas de Colombia: una asociación de campesinos desarmados que mostraba que el diálogo y la organización comunitaria eran herramientas únicas para romper la espiral de violencia. Han pasado 30 años sin justicia”, dijo Ole von Uexkull, Director Ejecutivo de la Fundación Right Livelihood.

Josué Vargas, Miguel Ángel Barajas y Saúl Castañeda, líderes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, fueron asesinados en Cimitarra (Santander, Colombia) el 26 de febrero de 1990. Junto a ellos, fue ejecutada la periodista Silvia Duzán, quien documentaba la experiencia de resistencia civil para el Canal 4 de la cadena británica BBC.

La Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare se había creado tres años antes, en 1987, como respuesta pacífica al contexto de violencia que se vivía la zona del Magdalena Medio. “La vida cotidiana era estrictamente controlada por los actores armados legales e ilegales, que plantearon cuatro opciones a los habitantes: se arman como guerrilleros, se arman como paramilitares, se van de la región o se mueren. La gente ya cansada y sin miedo a la muerte, tomó una quinta opción: organizarse”, relató Donaldo Quiroga, ex dirigente de la ATCC.

Entre 1987 y 1990, la estrategia fue el diálogo y los acuerdos de paz con los grupos armados que operaban en la zona, y la mediación entre habitantes. Pero en 1990, el presidente, el vicepresidente y el secretario de la ATCC fueron asesinados en el restaurante La Tata de Cimitarra. “La ejecución fue perpetrada por miembros de grupos paramilitares en asocio de miembros del ejército nacional y de la policía nacional, como lo pudo constatar la Fiscalía Regional y el Cuerpo Técnico de Investigaciones”, afirma el informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la Comisión Colombiana de Juristas, que representa a las familias de las cuatro víctimas.

“Extremadamente dolorosa fue la espera de justicia para las familias. Treinta años es mucho tiempo. Seis presidentes y trece fiscales han pasado sin hacer lo suficiente para investigar a fondo la masacre y castigar a los culpables”, dijo desde Suecia el hijo de Miguel Ángel Barajas, Héctor Barajas.

“Nos sentimos engañados y exigimos al Estado la verdad y el cumplimiento de lo pactado”, dijo Donaldo Quiroga sobre el inconcluso Plan de Reparación colectiva enmarcado en la ley 1448/2011.

“Hemos estado sentados con miembros de ATCC en el mismo restaurante en Cimitarra donde mataron a sus fundadores, y hemos recibido a familiares de las víctimas en nuestra oficina en Estocolmo, quienes fueron forzados al exilio para salvar sus propias vidas. Los apoyamos y pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tome una pronta decisión sobre el caso para que se haga justicia para las víctimas y sus familias, dijo Ole von Uexkull.

La conmemoración de la masacre de Cimitarra ocurre en un contexto extremadamente hostil para los líderes sociales. Tan solo durante 2019, 106 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, según la organización Front Line Defenders. Desde el 1 de enero al 19 de febrero, 51 líderes sociales y defensores de los derechos humanos han sido asesinados según el instituto colombiano Indepaz. “Con un promedio de un activista asesinado por día, pedimos al gobierno colombiano a tomar medidas urgentes para poner fin a la impunidad y crear un espacio seguro para la sociedad civil”, dijo Ole von Uexkull.

Más información

-Fragmento del documental inédito “La ley del Silencio”, de Paola Desiderio

-Fotografías en alta resolución

-Para solicitar entrevistas, contactar:

Nayla Azzinnari, +54 9 11 5460 9860, nayla@rightlivelihood.org

 

Acerca de la Fundación Right Livelihood

Creada en 1980, la Fundación Right Livelihood honra y apoya a personas valientes que ofrecen soluciones a los problemas globales. Hasta la fecha hay 178 laureados procedentes de 70 países. La Fundación sueca considera que su rol es ser megáfono y el escudo de sus galardonados, y por ello les brinda apoyo a largo plazo. Busca ayudar a proteger a los laureados, en particular a aquellos que corren peligro debido a la naturaleza de sus actividades. La Fundación cuenta con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de la ONU.

Acerca de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare

La Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare fue creada en 1987 para luchar por la vida, la paz y el trabajo, ante las continuas violaciones a los derechos humanos cometidas por los actores armados. Desde la década de 1970, en la región del Carare se han producido homicidios selectivos, masacres, torturas y tratos crueles, desapariciones forzadas, reclutamiento ilegal de menores, persecución y amenazas, actos de intimidación, restricción a la libertad de asociación, destrucción de bienes materiales individuales y colectivos, uso de minas antipersonal, restricción a la movilidad a través de retenes y puestos de control, estigmatización de los miembros de la asociación, limitaciones al libre desarrollo de prácticas culturales, destrucción de la infraestructura comunitaria, actos de intromisión en la esfera privada familiar, destrucción del ambiente, entre otros. En paralelo a esta historia de violencia, se dio un proceso de resistencia civil que llevó a la creación de la ATCC, que cuenta hoy con más de 8.000 miembros. ATCC recibió el Premio Right Livelihood en 1990 por su compromiso sobresaliente con la paz, la familia y la comunidad en un contexto de violencia insensata.

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